La Justicia salteña dio a conocer los fundamentos del fallo que el pasado 4 de julio condenó a Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, y a sus socios locales por una de las estafas piramidales más grandes registradas en la provincia. Con 118 víctimas identificadas y un perjuicio económico superior a los $776 millones, el Tribunal de Juicio —integrado por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y Leonardo Feans— detalló en más de 500 páginas cómo funcionó el esquema Ponzi que, bajo la apariencia de legalidad, desangró los ahorros de cientos de salteños. Estas son las cinco claves del fallo que selló la suerte de Cositorto y su equipo.

1. Una fachada de coaching y liderazgo para encubrir un esquema Ponzi.

Generación Zoe se presentó como una compañía de desarrollo personal, liderazgo y coaching ontológico, pero detrás de esa máscara funcionaba un entramado fraudulento. La organización prometía intereses mensuales de hasta 7.5% en dólares e inversiones en fideicomisos, “bots” financieros y una supuesta moneda virtual llamada Zoe Cash. El tribunal determinó que todo era una “ficción”, sustentada en discursos motivacionales, simbología religiosa, y el uso de redes sociales para exhibir lujo y prosperidad.

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La supuesta moneda Zoe Cash, promocionada como respaldada por oro y litio, no tenía ningún sustento legal ni financiero. La Comisión Nacional de Valores confirmó que no contaba con autorización para operar. Los recibos emitidos a las víctimas eran documentos informales, sin validez fiscal, y en muchos casos eran simples tickets “tipo librería”.

2. Una estructura delictiva organizada y jerárquica.

La sentencia calificó a Generación Zoe como una asociación ilícita, liderada por Cositorto a nivel nacional y por la familia Vilardel en Salta. Se probó la existencia de una organización con funciones claramente delimitadas: Cositorto como jefe ideológico y estratégico; Ricardo Vilardel como operador principal en Salta; Jorge Vilardel y Ana Vilardel como gestores de fondos; y Vilma Albornoz como colaboradora.

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La relación de confianza entre Cositorto y Ricardo Vilardel, forjada durante más de 30 años, fue clave para expandir el modelo en la provincia. Incluso, el propio Cositorto admitió en una audiencia que existía un sistema de comisiones del 5% para el “staff” local, desmintiendo así cualquier intento de desvincularlos de las decisiones delictivas.

3. Desprecio por las víctimas.

El tribunal concluyó que Cositorto actuó con dolo directo, es decir, con plena conciencia de estar cometiendo una estafa. A pesar de las múltiples denuncias y órdenes de captura en otras provincias, continuó promocionando sus inversiones hasta poco antes de su detención en República Dominicana, en abril de 2022.

Los jueces remarcaron la falta de empatía y el desprecio hacia las víctimas, evidenciado en mensajes de WhatsApp recuperados de los teléfonos de los acusados. En uno de ellos, Ana Vilardel decía: “A mí me chupa un huevo la gente”. En otro, sugirió a una familiar huir con U$S 100.000: “Nos vamos al pingo… a vivir a Noruega”.

4. El colapso: Sunrise y el silencio.

El colapso de Zoe en Salta comenzó tras la orden de captura contra Cositorto, el 21 de febrero de 2022. Los acusados crearon una nueva plataforma llamada Sunrise y comunicaron a los inversores que Zoe Cash había dejado de funcionar. Sin embargo, tras la detención del líder en abril de ese año, se cerraron todas las oficinas, se desactivaron las cuentas bancarias, y los acusados dejaron de responder a los damnificados.

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Testimonios y peritajes mostraron cómo los fondos de los inversores eran transferidos a cuentas personales de los Vilardel, sin control ni respaldo documental. La Justicia comprobó que la maniobra final consistió en una retirada silenciosa, dejando a los ahorristas en la ruina.

5. El impacto devastador: más allá del perjuicio económico.

Más allá del perjuicio patrimonial masivo, que ascendió a más de $776 millones de pesos para 118 víctimas en Salta, el Tribunal hizo hincapié en las graves “consecuencias cualitativas” de la estafa.

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Numerosos testimonios dieron cuenta de la “pérdida de confianza y autoestima”, el desarrollo de “enfermedades” relacionadas con el estrés y la angustia, y un profundo impacto emocional en personas que invirtieron los ahorros de toda su vida, indemnizaciones por accidentes o préstamos bancarios.

Casos como el de una madre que necesitaba dinero para la operación de su hijo con discapacidad, o de una abuela que buscaba solventar tratamientos para su nieto autista, reflejan la vulnerabilidad de las víctimas y el profundo dolor causado por la manipulación y el engaño, incluso a través de la invocación de la religión.